Mañana viernes el Consejo de Ministros aprobará una serie de medidas dirigidas a luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Dentro de estas medidas, se incluye la prohibición de realizar pagos en efectivo superiores a 2.500 euros cuando en la operación intervengan, al menos, un empresario o un profesional, por lo que sólo quedarán fuera de esta prohibición las transacciones realizadas exclusivamente entre particulares.

Se trata de una medida similar a la que ya existe en otros países europeos, como Italia, donde el límite se ha establecido en 1.000 euros o en Francia, donde los pagos en efectivo entre empresas no pueden superar los 3.000 euros y si están relacionados con los salarios, el límite está en 1.500 euros.

Si miramos los escaparates de diferentes tiendas del mismo tipo, ya sean zapaterías, tiendas de ropa o de otro tipo, nos daremos cuenta de que, para un mismo producto, suelen existir diferentes precios, habitualmente tantos como tiendas consultemos. Si comparamos los precios en diferentes regiones del país las diferencias pueden ser mucho mayores, con lo cual da la impresión de que cada empresario o dueño de un negocio fija el precio que más le gusta.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Para fijar el precio de un producto, los fabricantes o los vendedores suelen utilizar dos métodos: el método de costos y el método promedio de mercado. El primero consiste sencillamente en sumar los costes individuales que tienen las distintas fases de fabricación del producto, desde materiales a mano de obra, y se fija el total como precio del bien.

Entre las empresas públicas que han desaparecido debido al Plan de Racionalización del Sector Público aprobado por el gobierno, una de las más conocidas por los ciudadanos es la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).

La decisión de hacer desaparecer esta empresa se basa principalmente en los 37 millones de deuda que acumula la entidad. No es la primera vez que se cuestiona la viabilidad de esta sociedad, ya que en 2008 estuvo en situación de quiebra técnica debido a las deudas que acumulaba hasta entonces, un total de 23,3 millones.

Los recortes que tiene que realizar el Gobierno para llegar al objetivo del déficit al que se ha comprometido con Bruselas también han llegado al sector público a través del Plan de Reforma del Sector Público aprobado por el Consejo de Ministros, que, entre otras medidas, determina la desaparición del 17% de las empresas públicas existentes en la actualidad.

Ese 17% supone que son 27 las empresas que van a desaparecer de entre las más de 400 empresas públicas estatales que existen en España en la actualidad. Entre ellas podemos destacar la Sociedad Pública de Alquiler, Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, Remolques Marítimos SA y la Sociedad de Venta de Loterías, organismo creado para llevar gestionar la privatización de Loterías del Estado que finalmente no se llevó a cabo.

Uno de los aspectos en los que incide la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy es la posibilidad de realizar despidos en organismos y entidades que formen parte del sector público, siempre que se deban a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Lo que no tenemos siempre claro es qué es realmente una empresa pública, si se limita a aquellas en las que trabajan funcionarios del Estado o el concepto se extiende a otras.

Una empresa pública es aquella que es propiedad del Estado, ya sea a nivel estatal, Comunitario o municipal. La Unión Europea amplía este concepto, y define la empres pública como aquella en la que los poderes públicos tienen influencia ya sea porque son propietarias de la misma, tienen influencia en la toma de decisiones o poseen la parte más amplia de la participación financiera de la empresa.

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Quienes tengan un negocio y quieran dedicarse a la exportación o importación deben familiarizarse con los aranceles, es decir, con el impuesto que pagan los bienes que son importados o exportados de un país. Aunque estos aranceles han disminuido debido a tratados de libre comercio como el de la Unión Europea y la globalización de los mercados, es importante, antes de comerciar con otro país, informarnos de si existen aún los mismos y de cómo deben ser abonados.

En la actualidad los aranceles pueden ser específicos o ad valorem. Los específicos implican la obligación de pagar una cantidad determinada por cada unidad del bien que hayamos importado o bien por cada unidad de peso o de volumen del bien.

Los aranceles advalorem, los que más se utilizan en el comercio internacional actual, son aquellos que se calculan aplicando un tanto por ciento al valor de los bienes que se han importado.