Se trata de una medida similar a la que ya existe en otros países europeos, como Italia, donde el límite se ha establecido en 1.000 euros o en Francia, donde los pagos en efectivo entre empresas no pueden superar los 3.000 euros y si están relacionados con los salarios, el límite está en 1.500 euros.

Quienes incumplan la prohibición se enfrentarán a multas de hasta el 25% del valor del pago.

El proyecto es aún un borrador, y, según los expertos, quedan aún puntos por aclarar, como si la medida afectará a los pagos realizados en grandes superficies, o los diferentes tantos por ciento de sanción a las que tendrán que hacer frente quienes incumplan la norma.

En la actualidad, por la Ley de Prevención del blanqueo de capitales de 2010, el límite para los pagos en efectivo era de 15.000 euros. Al limitarlo a 2.500 euros, y obligar a que, a partir del mismo se utilicen medios electrónicos de pago, el gobierno persigue que las operaciones comerciales por más de ese importe dejen siempre un rastro, lo que dificulta la utilización del dinero negro o dinero B en dichos pagos. Pero además, también se busca que sea un obstáculo al uso de facturas falsas.

Con esta y las demás medidas que compondrán el plan antifraude, el Gobierno tiene intención de recaudar hasta 8.171 millones de euros en 2012.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Para fijar el precio de un producto, los fabricantes o los vendedores suelen utilizar dos métodos: el método de costos y el método promedio de mercado. El primero consiste sencillamente en sumar los costes individuales que tienen las distintas fases de fabricación del producto, desde materiales a mano de obra, y se fija el total como precio del bien.

El segundo no se fija en los costes, sino en el precio que en el mercado tiene el producto que nosotros queremos vender. Lo que se hace es verificar los precios de productos similares o iguales que existan en el mercado, hacer la media de todos los que hayamos recogido y esa cifra será la cantidad que cobremos por el producto.

Pero no son estos los únicos elementos que intervienen en la fijación del precio, sino que el empresario o el fabricante también tienen que tener en cuenta la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda del bien y poca oferta del mismo, el precio del bien se incrementará, como ocurre, por ejemplo en el caso de productos como los percebes o las angulas. Si es al revés, que hay mayor oferta que demanda, el precio del producto será menor. Esta ley no siempre es objetiva, porque muchas veces depende del gusto del consumidor, las modas, etc.

La decisión de hacer desaparecer esta empresa se basa principalmente en los 37 millones de deuda que acumula la entidad. No es la primera vez que se cuestiona la viabilidad de esta sociedad, ya que en 2008 estuvo en situación de quiebra técnica debido a las deudas que acumulaba hasta entonces, un total de 23,3 millones.

Esta situación se debía principalmente al hecho de que el volumen de alquileres que gestionaba la SPA no era suficiente para cubrir los gastos generados por la actividad de las mismas, situación que se salvó con una provisión de fondos otorgados por el Gobierno en aquel momento para permitir la continuación de la existencia de la SPA.

Son muchos los ciudadanos que se han valido de este organismo para alquilar la vivienda de la que son propietarios o para encontrar una vivienda en alquiler, debido a que la presencia del organismo público garantizaba que ambas partes cumplieran los acuerdos derivados de dicho alquiler. Son estos ciudadanos quienes, hoy por hoy, no saben bien qué ocurrirá con sus contratos de alquiler, hasta ahora gestionados por esta sociedad.

Cuando anunciaba la desaparición de la SPA, el gobierno también aseguraba que los contratos suscritos entre arrendador y arrendatario se mantendrán vigentes según los términos previstos en la Ley de Arrendamientos Urbanos, con la única diferencia de que no será ya la SPA quien medie entre ambos.

A partir de la desaparición de la sociedad se abrirá una fase de liquidación de la misma que garantice que se hará de forma ordenada y buscando siempre la solución más satisfactoria para todas las partes.

Ese 17% supone que son 27 las empresas que van a desaparecer de entre las más de 400 empresas públicas estatales que existen en España en la actualidad. Entre ellas podemos destacar la Sociedad Pública de Alquiler, Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, Remolques Marítimos SA y la Sociedad de Venta de Loterías, organismo creado para llevar gestionar la privatización de Loterías del Estado que finalmente no se llevó a cabo.

Pero este plan de racionalización del sector público no se queda ahí, sino que también supone que el Estado Español dejará de invertir en 8 sociedades y agilizará el funcionamiento de otras 14.

Según datos ofrecidos por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en España existen en la actualidad 2.381 empresas públicas en todo el país, gestionadas o participadas por el estado, las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos, así como 613 fundaciones y 1.029 consorcios, que, entre todos, acumulan una deuda que ronda los 60.000 millones de euros, lo que casi triplica la deuda que dichas entidades soportaban hace tres años.

Con este plan, según indicó la vicepresidenta, se busca garantizar el mejor uso de los recursos públicos, gestionándolos de una forma austera y eficiente. Esta gestión comienza con la supresión de un gran número de consejeros, que quedarán reducidos a un total de 154, lo que supondrá un ahorro de 1,8 millones de euros para el gobierno en concepto de salarios y dietas tras la supresión de dichos puestos.

Una empresa pública es aquella que es propiedad del Estado, ya sea a nivel estatal, Comunitario o municipal. La Unión Europea amplía este concepto, y define la empres pública como aquella en la que los poderes públicos tienen influencia ya sea porque son propietarias de la misma, tienen influencia en la toma de decisiones o poseen la parte más amplia de la participación financiera de la empresa.

La principal diferencia entre una empresa pública y una privada radica en la forma de financiación de la misma, ya que en la pública existe la posibilidad de que sea financiada con fondos públicos a cargo de los presupuestos estatales, de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc. o también con cargo a fondos de dotación, préstamos y subvenciones, aunque la financiación de las mismas también se puede complementar con otros medios de financiación comunes a las empresas privadas, como la emisión de acciones.

La crisis ha llevado a los dirigentes a fijarse en los gastos de dichas empresas públicas, muchas de las cuales, precisamente por su carácter público, son deficitarias, es decir, que necesitan de los fondos del estado para seguir subsistiendo. Recortes de sueldos de los dirigentes, auditorías de cuentas y la posibilidad de realizar los despidos por los motivos indicados, son algunas de las medidas que se han puesta en marcha para intentar controlar el déficit de las mismas.

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En la actualidad los aranceles pueden ser específicos o ad valorem. Los específicos implican la obligación de pagar una cantidad determinada por cada unidad del bien que hayamos importado o bien por cada unidad de peso o de volumen del bien.

Los aranceles advalorem, los que más se utilizan en el comercio internacional actual, son aquellos que se calculan aplicando un tanto por ciento al valor de los bienes que se han importado.

Este porcentaje se aplica a la base impositiva, al valor aduanero o al CIF de las mercancías.

La principal finalidad de los países al imponer un arancel es incrementar los ingresos del Estado, obteniendo así financiación para sus actividades. También los puede utilizar para hacer que las importaciones de ciertos productos sean más caras, consiguiendo así limitarlas, o aumentarlas en el caso contrario, dependiendo de sus necesidades.

Los Gobiernos también pueden utilizar los aranceles para influir sobre el consumo interno de su país. Si aumenta los aranceles, se encarecerá el precio de un producto, por lo cual, si el producto extranjero comienza a ser más caro que el nacional, los consumidores podrán sus miras en este último y de este modo el Gobierno puede refortalecer un determinado sector de la industria del país. El efecto contrario lo logrará si disminuye dichos aranceles.