Consecuencias de la desaparición de la Sociedad Pública de Alquiler
Entre las empresas públicas que han desaparecido debido al Plan de Racionalización del Sector Público aprobado por el gobierno, una de las más conocidas por los ciudadanos es la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).

La decisión de hacer desaparecer esta empresa se basa principalmente en los 37 millones de deuda que acumula la entidad. No es la primera vez que se cuestiona la viabilidad de esta sociedad, ya que en 2008 estuvo en situación de quiebra técnica debido a las deudas que acumulaba hasta entonces, un total de 23,3 millones.

Esta situación se debía principalmente al hecho de que el volumen de alquileres que gestionaba la SPA no era suficiente para cubrir los gastos generados por la actividad de las mismas, situación que se salvó con una provisión de fondos otorgados por el Gobierno en aquel momento para permitir la continuación de la existencia de la SPA.

Son muchos los ciudadanos que se han valido de este organismo para alquilar la vivienda de la que son propietarios o para encontrar una vivienda en alquiler, debido a que la presencia del organismo público garantizaba que ambas partes cumplieran los acuerdos derivados de dicho alquiler. Son estos ciudadanos quienes, hoy por hoy, no saben bien qué ocurrirá con sus contratos de alquiler, hasta ahora gestionados por esta sociedad.

Cuando anunciaba la desaparición de la SPA, el gobierno también aseguraba que los contratos suscritos entre arrendador y arrendatario se mantendrán vigentes según los términos previstos en la Ley de Arrendamientos Urbanos, con la única diferencia de que no será ya la SPA quien medie entre ambos.

A partir de la desaparición de la sociedad se abrirá una fase de liquidación de la misma que garantice que se hará de forma ordenada y buscando siempre la solución más satisfactoria para todas las partes.