El copago judicial nos costará entre 500 y 2.000 euros
La imposibilidad de las diferentes administraciones de hacer frente al déficit que han creado hace que tengan que repercutir sobre los ciudadanos algunos de sus gastos para poder seguir ofreciendo servicios considerados esenciales. El primer paso de esta política se llevó a cabo con el copago sanitario, y, según el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ahora le toca el turno al copago judicial, lo que, sin duda alguna, dificultará aún más el acceso a la justicia de los ciudadanos.

Esto va a suponer que, a las cantidades que en la actualidad debemos abonar en cualquier proceso judicial en concepto de abogado, procurador o costas judiciales, tendremos que añadir entre 50 y 750 euros dependiendo del contencioso.

Estas tasas se aplicarán tanto a las personas físicas como a las jurídicas, siempre que dispongan de recursos económicos para hacer frente a ellas. Sólo estarán exentos de abonarlas quienes tengan reconocido el derecho a la justicia gratuita por no tener recursos para abonar dichos gastos.

Más en concreto, en el ámbito civil se incrementarán las tasas de los procesos verbal y cambiario, que pasarán de 90 a 150 euros, así como las de los procesos ordinarios y monitorios, que se incrementan de 150 a 300 y de 50 a 100 euros respectivamente. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales y concursos necesarios pasaremos de pagar 150 a 200 euros, mientras que en los recursos de apelación pagaremos 800 euros y en los de casación e infracción procesal la tasa será de 1.200 euros.

En la jurisdicción contencioso administrativa, el proceso abreviado pasará de 120 a 200 euros y el ordinario de 210 a 350 euros, y las de los recursos serán iguales a las del ámbito civil.

En lo social, los recursos de súplica nos costarán 500 euros y 750 los de casación.