Se incrementan las sanciones en la nueva ley contra la economía sumergida
Según un estudio realizado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), la economía sumergida en España representa casi un 17% del Producto Interior Bruto. Son estas cifras las que han llevado al gobierno a aprobar la nueva ley de Economía sumergida que entró en vigor el pasado 7 de mayo, según la cual las empresas que tengan contratados trabajadores en situación irregular podrán darlos de alta hasta el próximo 31 de julio. A partir de ese momento, si los empresarios contratan a alguien en situación irregular, van a tener que pagar unas multas en torno a los 10.000 euros.

Para que los empleados abandonen su situación irregular, los empresarios deben afiliarlos a la Seguridad Social y formalizar con ellos un contrato dentro de cualquiera de las modalidades ahora en vigor. Si los contratos son temporales, la duración de los mismos no podrá ser menor de los seis meses desde que el trabajador haya sido dado de alta en la Seguridad Social.

El dar de alta a los empleados irregulares no va a conllevar ninguna sanción administrativa hasta el 31 de julio.

A partir del 1 de agosto, los empresarios que no hayan dado de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social tendrán quehacer frente a una sanción que puede variar entre los 3126 euros y los 10.000. La cuantía de la sanción por este concepto aumenta con la aprobación de este Real Decreto, ya que anteriormente se movía entre los 625 y los 6250 euros.

Por otra parte, si los trabajadores son descubiertos cobrando prestaciones de desempleo y de la Seguridad Social que sean incompatibles entre sí, tendrán que hacer frente a una multa que varía entre los 10.001 hasta los 187.515 de máximo.